Santo Domingo, RD.- El Gobierno de la República Dominicana busca implementar este mes de abril de 2026 una nueva regulación que impacta directamente al turismo de cruceros, al exigir que todas las embarcaciones con casinos a bordo que operen o atraquen en el país cuenten con licencias oficiales y paguen tasas específicas.
La medida, establecida mediante la Resolución Núm. 164-2026 del Ministerio de Hacienda, marca un cambio significativo en la forma en que se regula esta actividad dentro de aguas dominicanas.
Licencias y costos para operar
De acuerdo con la normativa, los cruceros con salas de juego deberán obtener un permiso de operación cuyo costo puede alcanzar hasta RD$1.5 millones.
El esquema de pago se divide en dos fases:
- Un 10% del monto al momento de realizar la solicitud.
- El 90% restante una vez la licencia sea aprobada por la Comisión de Casinos.
La regulación aplica a todas las embarcaciones con casinos que naveguen en aguas nacionales o atraquen en puertos dominicanos, ampliando el alcance del control estatal sobre esta actividad.
Nuevos ingresos y control del sector
La iniciativa, gestionada a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, tiene como objetivo principal generar nuevas fuentes de ingresos fiscales provenientes de una industria que hasta ahora operaba con limitada regulación local.
Asimismo, busca fortalecer la seguridad financiera, estableciendo mecanismos de supervisión que permitan prevenir actividades ilícitas dentro de los casinos flotantes.
Otro de los pilares de la medida es la modernización del marco jurídico, alineando la legislación dominicana con las tendencias internacionales en materia de turismo de cruceros y regulación del juego.
Impacto en la industria de cruceros
La decisión se produce en un momento de crecimiento sostenido del turismo de cruceros en República Dominicana, donde puertos como Amber Cove, Taino Bay y La Romana reciben miles de visitantes cada semana.
Con esta nueva normativa, el país avanza hacia un modelo más estructurado de gestión del turismo marítimo, que busca equilibrar el crecimiento del sector con mayor control, transparencia y beneficios económicos para el Estado.
No obstante, el sector estará atento al impacto que estas tasas puedan tener en la competitividad del destino frente a otros puertos del Caribe, en un contexto donde las navieras evalúan constantemente sus costos operativos y rutas.
La regulación representa, en definitiva, un paso hacia la formalización de una actividad en expansión, al tiempo que abre el debate sobre el equilibrio entre recaudación fiscal y atractivo turístico en el segmento de cruceros.
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