Punta Cana.- La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) anunció oficialmente el retiro de la querella interpuesta contra el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, en torno al manejo del derecho al uso de suelo en los territorios municipales. Esta decisión marca un paso importante hacia la solución de un conflicto histórico relacionado con la planificación urbana y la descentralización territorial en República Dominicana.
El anuncio fue realizado por el secretario ejecutivo de FEDODIM, Pedro Richardson, durante una entrevista en el programa “Propuesta de la Noche”, que conduce el periodista Manuel Jiménez por los canales Teleimpacto 52 y 22.
Richardson explicó que la acción judicial se tomó tras más de tres años de insistencia para la correcta aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. “Con satisfacción institucional, anunciamos que FEDODIM y 27 distritos municipales han decidido desistir de las acciones judiciales gracias al compromiso del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien ha prometido poner en marcha el reglamento de aplicación de la ley en los próximos días”, afirmó.
El dirigente subrayó que el reglamento relativo al uso de suelo es clave para la implementación plena de la legislación, ya que impacta directamente en la capacidad de los gobiernos locales para gestionar sus territorios. Según datos del censo de 2010, al menos 26 distritos municipales superan los 15,000 habitantes, lo que les obliga a contar con su propia oficina de planeamiento urbano.
Para apoyar este proceso, FEDODIM creó una Unidad de Planeamiento Urbano y Programación, activa desde hace más de dos años, que brinda asistencia técnica a los distritos municipales en proyectos estratégicos. Richardson señaló que, debido a limitaciones presupuestarias, la mayoría de los municipios no cuenta con estructuras técnicas adecuadas, por lo que esta unidad representa un respaldo esencial.
Aclaró además que el conflicto no fue de índole personal ni político: “La querella no fue contra el ministro Bonilla como persona, sino una acción institucional del consejo directivo de FEDODIM, que representa a 235 gobiernos locales. Nuestro único objetivo fue hacer cumplir la ley”.
Richardson también denunció desigualdades en la distribución de recursos, citando el caso del distrito Verón-Punta Cana, donde los ingresos generados no siempre se reinvierten en el territorio. “La nueva legislación busca corregir esas distorsiones y garantizar que los gobiernos locales reciban lo que les corresponde”, agregó.
Finalmente, destacó la actitud abierta del Gobierno del presidente Luis Abinader: “Se demostró que con diálogo y respeto institucional se pueden resolver conflictos. Esta victoria institucional fortalece la democracia local y abre una etapa de cooperación para un desarrollo territorial más equilibrado”.
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